Plan de acción de finanzas sostenibles de la UE: las normas que cambiarán la forma de invertir

La mitigación del cambio climático se ha convertido en una prioridad para los países de la Unión Europea en la última década. Las promesas y las palabras se han ido transformando en objetivos concretos sobre el papel y en nuevas leyes con el objetivo de que la UE reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero (al menos un 55 % para 2030) o los estados aumenten el peso de las renovables en su mix energético. Sin embargo, los esfuerzos en materia de industria, transporte o energía no son gratuitos. Así, ¿quién paga la factura?

Los propios cálculos de la Comisión Europea estiman que la inversión necesaria para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos asciende a 180.000 millones de euros anuales. Si además añadimos las reformas necesarias en el sector del transporte, la gestión de los residuos y el uso eficiente del agua, la factura se dispara hasta los 270.000 millones. Por eso, con el objetivo de atraer los fondos necesarios para la transformación, la Unión Europea ha venido implementando desde 2018 su plan de acción de finanzas sostenibles.

Siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles, que tenía el objetivo de proponer una hoja de ruta para que el sector financiero fuese parte de la transición a una economía baja en emisiones de carbono, la Comisión Europea puso sobre la mesa en marzo de 2018 su plan de acción de finanzas sostenibles. Así, el plan es la estrategia de los 27 para conectar los mercados financieros y de capital con las necesidades de la economía europea en su camino hacia la neutralidad de carbono y el bajo impacto ambiental.

El plan de acción de finanzas sostenibles nació con tres grandes objetivos:

• Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles.
• Gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático y la degradación ambiental.
• Fomentar la transparencia y la visión a largo plazo en la actividad financiera.

Estos tres objetivos han cristalizado en nueve iniciativas destacadas, incluyendo varias leyes nuevas y alguna reforma normativa, algunas de las cuales todavía no están completamente desarrolladas. Otras, sin embargo, como la taxonomía verde europea (probablemente, la reforma que más ha dado que hablar en los últimos años), ya están en vigor. Este es el estado de las nueve novedades regulatorias de la UE en materia de financiación sostenible (una a una).

La taxonomía europea para actividades sostenibles, más conocida como taxonomía verde europea, es un sistema de clasificación que sirve para que los inversores puedan diferenciar qué actividades y proyectos son sostenibles y cuáles no desde el punto de vista medioambiental. Es un documento creado para dar seguridad a los mercados financieros. Tras un largo proceso de debate –en el que se aceptó clasificar la energía nuclear y el gas como fuentes de energía sostenibles de transición–, la taxonomía se aprobó de forma definitiva en julio del año pasado y está en vigor desde el 1 de enero de 2023.

Con estas medidas, el plan de acción busca introducir un estándar para los bonos verdes y un sistema de etiquetado voluntario para los productos de inversión sostenible. La Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo de la UE llegaron a un acuerdo definitivo sobre la regulación de los bonos sostenibles el pasado 1 de marzo. Todavía quedan algunos pasos en el proceso legislativo, por lo que no se espera que entre en vigor hasta 2024. En cuanto a la ampliación de la etiqueta verde a los mercados financieros –la EU Ecolabel está disponible desde hace años para otro tipo de negocios y productos– todavía está siendo debatida.

Esta fue una de las primeras medidas adoptadas. La Unión Europea introdujo una enmienda a su Reglamento (UE) 2016/1011 sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión. En esta reforma se añadieron dos nuevos índices de referencia que tengan en cuenta los objetivos del Acuerdo de París y la estrategia de transición verde de la UE. Fueron aprobados de forma definitiva en 2020.

Esta reforma normativa busca exigir a las compañías aseguradoras y a las que distribuyan productos de inversión que asesoren a sus clientes en base a la sostenibilidad de sus activos financieros. En este sentido, se han introducido cambios en la directiva MIFID que regula la prestación de servicios de inversión y en la directiva sobre la distribución de seguros (IDD, por sus siglas en inglés). Con estos cambios, se espera favorecer la adquisición de productos financieros sostenibles.

Cuando se aprobó el plan de acción, una de las medidas destacadas era la introducción de criterios sostenibles en el marco prudencial de bancos, fondos de pensiones, aseguradoras y gestores de activos. Es decir, obligar a introducir criterios sostenibles en la forma en que las entidades evalúan los riesgos para la estabilidad financiera. La medida sigue siendo debatida y no parece que vaya a aprobarse a corto plazo, sobre todo después de que en 2022 la Autoridad Bancaria Europea publicase un artículo en el que señalaba que estos cambios podrían socavar la credibilidad de las herramientas prudenciales.

El plan de acción también persigue crear un nuevo reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés). Este deberá servir para garantizar que todos los que conforman la cadena de inversión hagan pública su opinión sobre la sostenibilidad y el impacto de sus inversiones. El marco regulatorio fue aprobado en 2019, pero las especificaciones técnicas y de estandarización todavía están siendo debatidas.

Durante los últimos años, se ha trabajado para introducir novedades en la NFRD, la directiva para la información no financiera de las grandes empresas. Estos cambios han confluido en la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que entró en vigor el pasado mes de enero y que afectará a la información recabada por todas las organizaciones que cotizan en bolsa (sean grandes empresas o pymes) a partir de 2024. Entre otras cosas, la CSRD endurece las exigencias de divulgación de información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero o la gestión de residuos y exige la realización de una auditoría externa de sostenibilidad.

De todas las iniciativas propuestas, esta es la que ha avanzado con mayor lentitud, ya que todavía se están llevando a cabo estudios y debates para determinar el nivel de cortoplacismo de los mercados de capitales. El objetivo final es introducir una norma que fomente el enfoque a largo plazo de las inversiones e introduzca la sostenibilidad en la toma de decisiones corporativas.

Aunque no es una reforma legislativa propiamente dicha, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) emitió en 2019 una serie de pautas para la divulgación de información sobre sostenibilidad en las calificaciones de crédito con el objetivo de que el enfoque de sostenibilidad de las empresas esté de alguna manera vinculado al coste del capital.

En resumen, con la aprobación de la taxonomía verde, los nuevos índices de referencia y los nuevos marcos de divulgación de información no financiera, la hoja de ruta marcada por el plan de acción de finanzas sostenibles de la Unión Europea está bastante avanzada. En los próximos años, veremos sus efectos sobre los mercados financieros y si las nuevas normativas consiguen atraer el capital necesario hacia la transición ecológica de la UE.

El impulso de BBVA  a la financiación sostenible arrancó en 2007, desde entonces se propone, dentro de sus prioridades estratégicas en materia de sostenibilidad, acompañar a los clientes en la transición energética frente al cambio climático y apostar por el crecimiento inclusivo. Consciente de la importancia de esta gran transformación para la sociedad, la banca desempeña un papel clave ayudando a personas, empresas e instituciones a acometer la transición hacia un mundo más verde e inclusivo.